| La
imposición de penas prohibidas a menores de edad fue debatida en
el marco de una charla-debate, organizada por el Colectivo de
Derechos de Infancia y Adolescencia, el día 1º de abril del
corriente año, que contó como panelistas a la doctoras Stella Maris
Martínez, Claudia Cesaloni, Nora Pulido, Clarisa Adem y Marta Mendoza,
madre de Lucas, uno de los quince jóvenes que, siendo menores de
18 años en el momento de cometer sus delitos, fueron sentenciados
a prisión perpetua, pena que está expresamente prohibida por tratados
y convenciones internacionales que protegen los derechos de los
chicos y que cuentan con rango constitucional desde 1994.
La
doctora Martínez, Defensora Pública ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, denunció la imposición de perpetuas menores ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando la Corte
le denegó la apelación que interpuso oportunamente. En los otros
casos la Corte se negó directamente a estudiar la cuestión. Martínez
explicó que la CIDH declaró admisible el caso y le corrió traslado
al Estado. Desde hace seis meses se está en el proceso de “solución
amistosa” en el que el Estado está considerando dos peticiones
concretas de Martínez: conmutar las condenas a perpetuidad existentes
y un proyecto de ley que estipule una pena máxima para menores que
cometen delitos graves, tal como existe en toda América Latina,
siendo Costa Rica el país que aplica la más severa: 15 años.
Estas
dos propuestas se elevaron al Ministerio de Justicia en octubre
de 2004, “pero el ministro todavía no tuvo tiempo de contestar
-aseguró Martínez- y no lo hace para ganar tiempo para que
sea otro gobierno el que pague el costo político, porque esta causa
es muy política; con Blumberg marcándolos de cerca, va a ser muy
difícil que los legisladores sancionen la ley de penas máximas que
pedimos”. Y agregó luego: “Somos conscientes de que los delitos
cometidos por estos chicos son graves, pero aún así el Estado se
ha comprometido a aplicar una política diferencial más benigna,
pero los está tratando como adultos y en el momento de cometer sus
delitos no lo eran. Suponemos también que si se conmutaran sus penas
los familiares de quienes fueron sus víctimas van a salir a protestar.
Más de uno preguntará por los derechos de las víctimas. Por supuesto
que los tienen, pero no se los defiende mejor vulnerando los derechos
de sus victimarios. Salvo que admitan que los derechos no les importan,
que lo que en realidad quieren es una venganza, que está acompañada
por el Estado; solo así se podría entender que se quiera una pena
que viola los derechos humanos y que esa violación no les importe”.
Martínez
sostuvo que en esta cuestión “se está mirando demasiado a cierto
sector de la opinión pública” y que no hay suficiente esclarecimiento,
sobre todo por parte de los legisladores que sancionaron los endurecimientos
de las penas, a pesar de que “muchos de ellos son los mismos
que sancionaron la Constitución de 1994”. En este aspecto se
preguntó: “¿Para qué comprometen internacionalmente al Estado
si después no tienen las agallas suficientes para explicarle a la
gente de qué se habla cuando se habla de derechos humanos de los
chicos?”.
Martínez
advirtió finalmente sobre el “canto de sirena de Blumberg: los
que estamos en la justicia desde hace mucho tiempo sabemos que todos
sus planteos y pedidos no sirven para nada, porque se engaña a la
sociedad cuando se le dice que el delito disminuye cuando se aumentan
las penas, ya que solamente van a proceso el 2% de los casos penales,
es decir que solo el 2% de los que cometen un delito van a ir presos;
entonces de nada vale que a esa pequeña cantidad de personas se
le impongan penas más altas.”
Por
su parte Claudia Cesaloni, de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, informó que el organismo participa del proceso de
solución amistosa ya mencionado por la doctora Martínez. Al respecto
mencionó que la Secretaría produjo un informe que elevó al ministro
de Justicia donde se aconseja conmutar las penas ilegalmente impuestas
y sancionar un régimen de responsabilidad penal para menores que
esté en consonancia con las convenciones internacionales. Dicho
dictamen cuestiona la legitimidad de las penas a perpetua para menores
dentro del marco jurídico argentino: “El régimen penal de minoridad
–dijo Cesaloni- es una ley promulgada por la dictadura militar
en 1980, y desde entonces no ha sido modificado. Ese régimen dice
que con los chicos de entre 16 y 18 años que delinquen se pueden
hacer tres cosas: absolverlos, condenarlos o aplicarles la pena
de la tentativa para el delito de que se trate. La Convención
Internacional para los Derechos del Niño dice que las penas de prisión
deben aplicarse como último recurso y por el plazo más breve posible.
Entonces la menor pena posible es la de la tentativa, que es la
que se les debería haber aplicado a estos 15 chicos. Para los delitos
que cometieron la tentativa va de 10 a 15 años. Los jueces que los
condenaron no tenían la opción sino la obligación de aplicar
esta pena”.
Por
otra parte Cesaloni hizo hincapié en lo nocivo que puede ser recluir
a un menor en una cárcel de por vida. “Están en los peores pabellones
de las peores cárceles; no tienen los beneficios y derechos de los
presos comunes. En la cárcel de Mendoza, también denunciada ante
la CIDH por violar los derechos humanos, los condenados a perpetua
están encerrados 23 horas al día. No tiene atención psicológica,
no pueden estudiar ni trabajar. La perpetua no tiene nada que ver
con las ideas de reinserción, de resocialización”.
Al
tomar la palabra Clarisa Adem, abogada que integra el Colectivo
de Derechos de Infancia y Adolescencia, enfatizó en el hecho de
que todos los chicos condenados pasaron por el sistema de Patronato.
“Ellos son el producto de este sistema represivo –dijo-
que judicializa la pobreza y revictimiza a los chicos. Este sistema
no funciona, debería haber un tratamiento más educativo y menos
represivo. Los jueces de menores no han podido sacarse de encima
el sesgo represivo y tutelar del Patronato. Están convencidos de
que son los padres de los menores que delinquen y como se ‘portan
mal’ tienen la obligación de castigarlos”.
Al
finalizar el encuentro la doctora Martínez formuló una última reflexión:
“Inyectar violencia en una sociedad, aunque sea de manera simbólica,
solo trae más violencia. Estas condenas a perpetua son un disparate;
un disparate que no les devuelve la vida a los que fueron muertos
y que daña definitivamente a un grupo de seres humanos”.
Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
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