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07:43 | 21 de Septiembre de 2018

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28 de Agosto de 2017
Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia - Buenos Aires

Entrevista a Nora Pulido por Mariana Carbajal

 Las historias se repiten. Tienen denominadores comunes. Los mismos dolores. La misma impunidad. “Nos fueron llegando muchos casos de madres que denunciaban el mal procedimiento judicial en casos de denuncias de abuso sexual infantil, especialmente de incesto paterno filial”, cuenta a PáginaI12 Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, una coalición de ONG de todo el país se encarga del seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Argentina. El caso de los hijos de Karina P. (ver aparte) y el de otras madres que contaban situaciones similares de otros juzgados de Familia y penales, en distintas jurisdicciones, llevó al Colectivo a encarar una investigación más profunda, con un muestreo de causas que tramitan en tribunales porteños y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, y Santa Cruz. Ese trabajo quedó plasmado en el libro “El acoso legal en la niñez. Estrategias judiciales para la negación del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes”, que tiene prólogo del ex juez Carlos Rozanski, especializado en la temática. 
 
–¿Por qué sostienen que la impunidad que ampara en la Justicia los casos de abuso sexual infantil, fundamentalmente de incesto, tienen que ver con un plan sistemático? –le preguntó este diario a Pulido.
 
–Porque estas prácticas las observamos en fueros penales y civiles de muy distintas regiones y provincias. El tipo de metodología que se usa para negar o desestimar el relato, así como lo que se utiliza para someter a las víctimas responde a lo que describimos como “terapias de la amenaza”, que fueron escritas y difundidas en nuestro país por fundaciones conocidas. Los operadores judiciales se ajustan a un “patrón” que responde a un método escrito, que se difundió en espacios de capacitación cerrados. 
 
–Hace algunos años se utilizaba el falso Síndrome de Alienación Parental, conocido por su sigla SAP, para desacreditar a las madres protectoras. Pero la denuncia en distintos ámbitos de que nunca había sido probado científicamente terminó desbaratándolo como argumento. ¿Qué sucede ahora?
 
–Efectivamente quienes defienden a los abusadores evitan, deliberadamente, nombrar al SAP, sabiendo que es rechazado por la comunidad científica y no es posible esgrimirlo como argumento explícito. Pero vemos con gran preocupación que las víctimas de delitos contra su integridad sexual que denuncian son sometidos por jueces y juezas del fuero civil a obedecer decisiones que favorecen la vinculación con sus agresores. Se llega en algunos casos incluso a la reversión de la tenencia, retirándolos de la convivencia con sus adultos protectores incomunicándolos con los mismos. No se habla de SAP pero persisten falsas teorías o mitos cargados de ideología patriarcal para desestimar o negar relatos de abuso sexual y violencia, justificación de la pedofilia, minimización de los hechos y naturalización de las conductas incestuosas; magistrados que interpretan que la conducta abusiva no produce daño porque el niño o niña no se resistió o no hubo acceso carnal o el niño o niña provocó esa situación, o el abusador no tuvo intención de hacerle daño porque se trataba de un juego inocente. Aparecen en los expedientes frases como “madre alienadora”, “lavado de cerebro”, “niño fabulador o fantasioso”, “conflictividad familiar”, “padre ejemplar, buen ciudadano”, “mito del trauma infantil no superado de la denunciante”, “teoría del complot de un progenitor y el niño/a contra el otro progenitor”, y otros.
 
–¿Qué pasa en el fuero penal?
 
–En el fuero penal, la situación no es menos grave, ya que se comparten similares argumentos con el objetivo de limitar las investigaciones sobre los hechos denunciados, llegando al extremo de fiscales que desechan pruebas validadas por peritos de corte, desestimando acusaciones y viciando el proceso. En aquellas situaciones en las cuales las señales del maltrato no son físicas, porque el abuso no ha producido lesiones visibles, las pruebas de la victimización deben basarse en la expresión de los afectados y la herramienta para conseguir esas pruebas se basa fundamentalmente en la entrevista.
 
–¿Por qué cree que se dan estas situaciones? 
 
–Detectamos incapacidad del profesional que interviene en el juzgado para entrevistar niños, niñas y adolescentes, entender su particular forma de expresión y adecuar el lenguaje al momento evolutivo que está atravesando. También sobrecarga de trabajo, que impide brindar espacios de confianza que les permitan expresarse sin temor. Se pretende que los chicos y chicas den su testimonio sobre hechos traumatizantes a desconocidos como si fuesen adultos.
 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/59363-historias-repetidas
 
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