Si en lugar de bajar elejimos ¡¡ELEVAR!!

Documento enviado por el Foro de la niñez de Córdoba

"...años atrás no respetar los derechos de los niños era aberrante. Hoy, además, es inconstitucional."

UNICEF

Porque se ha demostrado que las políticas represivas no detienen las situaciones de delitos sino que generan más violencia: sólo en Buenos Aires existen 1200 casos de "gatillo fácil", según datos recabados por "Madres de la Matanza contra la impunidad". Asimismo, existe una situación de permanente provocación hacia los adolescentes por parte de la policía, y ello reproduce el mecanismo de la violencia toda vez que pueden ser detenidos en la calle por cualquier motivo (vestimenta, color de piel, etc) bajo el eufemismo de "merodeo", tal como puede comprobarse en Córdoba, fruto de un Código Contravencional arbitrario.

Porque como demuestran las estadísticas, los delitos cometidos por jóvenes representan un porcentaje mínimo en relación a la criminalidad cometida por adultos, y así lo verifican las cifras por ejemplo en Buenos Aires, donde sólo un 3% de las causas penales pertenecen a menores de 18 años de edad, del cual menos del 0,5 % son delitos graves como homicidios o abuso sexual, y de ahí menos del 20% pertenece a la franja de 14 a 16 años. Todas cifras, que no son distantes a las de Córdoba u otra provincia del interior, ya que con ínfimas diferencias en estos guarismos, aquellas son extrapolables a cualquier provincia.

En Córdoba, las estadísticas no varían significativamente año a año, ni mes a mes. De los informes de Junio del 2002 y abril del 2004, los guarismos que se analizaron revelaron que: en el informe del 2002, en la totalidad de los precintos policiales de Córdoba estuvieron detenidos 117 chicos, y en el 2004 se detuvieron a 152 chicos, en los meses respectivos. Con respecto al primer informe, sólo habían ocho (8) chicos detenidos por homicidio, y en el segundo informe sólo hubo dos (2) detenidos por el mismo delito. Los demás delitos se distribuyen entre: robo, robo calificado, hurto, tentativas de homicidio y robo, amenazas, etc. Cabe aclarar que las cifras son por el motivo de detención, es decir que luego la carátula puede cambiar durante el proceso o quedar en libertad. Además que dichas detenciones las realiza la policía de la provincia y se priva de libertad a chicos menores de edad en sus dependencias, junto a personas mayores de edad o delincuentes comunes o peligrosos, y que en muchísimos casos han superado los 30 días de detención; cuestión que además es una violación a la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijín. [1]

Como también, que no hemos reflejado aquí las cifras de chicos judicializados o privados de libertad y familia en "institutos prevencionales", ya que la mayoría de los mismos son por causas asistenciales y no de maltrato intrafamiliar. Sí se han registrado y comprobado casos de maltrato institucional y abusos en dichos "institutos" [2] por parte de quienes deberían cuidar de ellos en nombre del Estado provincial, y que sin embargo algunos empleados por complicidad o por miedo a ser despedidos no han denunciado esos hechos como están obligados (Ley N° 24417 y los artículos 155 y 164 del Código Procesal Penal).

La situación en Córdoba, según Cristina Amestoy (directora de la Secretaría Integral de la Niñez y la Adolescencia, quien estuvo la ultima semana de mayo en la Comisión de Solidaridad de la Legislatura de Córdoba) hay aproximadamente 1000 chicos en los 32 institutos de menores prevencionales más otros 15.000 en instituciones de "gestión asociada" (Padre Aguilera, Aldeas Infantiles, etc.) Las cifras de niños internados en institutos de menores era aproximadamente 850 en el año 2003, según un informe que publicó el diario La Voz del Interior.

Porque el 90% de los jóvenes que cometen contravenciones o actos delictivos provienen de hogares pobres o de padres desocupados [3], hecho que se agravó por el progresivo alejamiento y delegamiento del Estado de toda asistencia y promoción de políticas sociales, que tercerizó o privatizo, pero sin duda profundizada durante los '90.

Si atendemos al contexto en Córdoba, podemos ver que se agudiza el proceso de revictimización cuando sólo el 5% del personal que atiende a los niños que viven en las instituciones prevencionales, cuenta con formación específica [4]. A esto se suma la deficiente administración provincial sobre la temática de la pobreza y chicos vulnerados en sus derechos: sobre todo esto podrá consultarse el apartado del "Anexo" donde se especifica el derrotero que siguió un paquete de leyes referidas a la protección judicial, creación de una Secretaría de Estado, una Agencia con funciones relativas a desarrollo social, como también sobre el presupuesto del año 2003 para estas dos instituciones.

Peor aun, no se cumplió ni se cumple con el mandato de la Convención sobre los Derechos de Niño (Ley N° 23849), "interés superior del niño", porque se comprobó en varias oportunidades, no sólo por miembros del FORO sino por algunos jueces de menores, la situación deplorable en que están asilados niños y adolescentes en "institutos" y precintos policiales, privados de su libertad. Cuestión ésta, que revela no sólo la inconstitucionalidad de las practicas del Estado sino también la inadaptación a las normativas nacionales e internacionales.

Porque también aquel 90% de niños y adolescentes s e encuentran en un alarmante proceso de fracaso educativo cada vez más numeroso. De éste porcentaje, se puede extraer una franja etárea que comprende de los 14 a los 17 años, correspondiente a la edad en que por ejemplo deben trabajar y complementar el sustento del hogar. Del total de 197 chicos detenidos en Córdoba en abril del 2003, sólo un 1,52% pertenece al grupo etáreo de los 13 y un 1,52 para los 18 años; es decir que un 96,95% de chicos que cometen algún tipo de delito o contravención corresponde al rango de 14 a 17 años, justamente el rango etáreo de chicos que abandonan la escuela por diversas causas [5].

Asimismo y consecuentemente con lo expresado anteriormente, muchos de estos chicos son utilizados por mayores de edad para delinquir a cambio de un magro botín, por la supuesta posición de "menores de edad". Pero la realidad del "gatillo fácil", "Ley de Patronato", "Ley Agote", "institutos de menores", jueces incompetentes, etc. muestran otra parte de la realidad que sólo logran victimizar y excluir a chicos, sumergiéndolos en un proceso de criminalización.

Porque tampoco debemos olvidar la problemática de la malnutrición, siendo un pilar fundamental de la salud una adecuada alimentación. Sobre todo de la mujer embarazada y en período de lactancia. Son graves las consecuencias que está causando en la niñez la desatención de dicha área de la salud, los estragos devienen de varios años atrás producto de la instauración apresurada y mecánica de un modelo de exclusión y pauperización de una porción cada vez mayor de la población, produciendo aumentos considerables en malnutrición materna e infantil. Dicha cuestión tiene en muchos casos, secuelas irreversibles, sobre todo en niños que han sufrido desnutrición en los primeros 3 años de vida. [6] La subjetividad de estos chicos se va construyendo sobre propuestas destructivas, desde una desigualdad e injusticia, y de esta manera la integración social pretendida es imposible.

Estos datos no sólo muestran la manera en cómo la nutrición afecta la salud de un individuo, sino al desarrollo humano en general, ya que de ella también depende las capacidades que luego se desarrollen para la escolarización.

Porque la salud es un derecho y no un bien sujeto a las leyes de mercado y especulación. Ningún gobierno puede demandar y presionar a un ciudadano, un certificado de pobreza para suministrarle gratuitamente medicamentos, más tratándose de enfermedades graves o prevalentes. En Argentina un 7% de los recién nacidos adquiere el virus del VIH-SIDA por la madre [7], y que en la mayoría de los casos dicho contagio podría ser evitable, al igual que otras enfermedades infecto-contagiosas. Pero todo esto podrá ser viable mediante una política de Estado tendiente a la prevención y educación.

Los hospitales públicos de la Provincia de Córdoba realizan sólo el 50% del análisis de VIH a las madres embarazadas, sabiendo que el contagio vertical podría reducirse al 2% con la correspondiente detección y tratamiento temprano [8].

Porque sin estos datos, nosotros los ciudadanos argentinos estamos dividiéndonos entre "nosotros", "los que trabajamos", "los que pagamos los impuestos" y "ellos", "los que matan". Desde las distintas organizaciones que componen el FORO como también las de Derechos Humanos, creemos que las distinciones de este tipo solo sirven a un fin, que es continuar reproduciendo la exclusión de quienes no hemos elegido la situación de violación de derechos y miseria.

ALGUNAS PROPUESTAS

Desde el FORO INTERSECTORIAL PERMANENTE DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y SUS CONDICIONES DE VIDA, creemos que el debate y las propuestas deben encaminarse al bien común, y no al bien de unos pocos auto erigidos en "los trabajadores, la gente de bien, los buenos". Las propuestas deben basarse en una reflexión profunda sobre las causas de dicha situación, no sólo en las practicas que reproducen el estado de situación que vive la Argentina hoy, sino también la reflexión sobre al teoría que sustenta aquellas prácticas.

Es por ello que proponemos pensar: 

1_ A la niñez y adolescencia como sujetos de derecho, establecidos en nuestra Constitución Nacional y en la Convención sobre los Derechos de Niño.

2_ Pensarnos como ciudadanos partícipes de la Democracia y poder contribuir a evitar el desmoronamiento de nuestro país, y no ser espectadores de una democracia delegativa, ya que esta forma llevó a gente incompetente y corrupta a ocupar posiciones de decisión.

3_ Esto último nos asegura la posibilidad de exigir el cumplimiento de todo lo concerniente  a los Derechos Humanos, de las políticas sociales integrales adecuadas por parte del Estado y de los gobiernos de turno

4_ Exigir políticas adecuadas que implican: elevar el presupuesto y calidad de la educación pública, elevar las oportunidades de inserción laboral, e levar el presupuesto de salud y la creación de nuevos centro asistenciales, elevar el presupuesto de asistencia social para los grupos excluidos y vulnerables.

5_ Elevar el presupuesto en seguridad para mejorar las situación de instituciones que trabajan con chicos en conflicto con la ley penal, no sólo reinserción sino también para prevención. Asimismo y como ocurre en otros países, crear un Código de Protección Integral de la Infancia en situación de vulnerabilidad que incluya la Responsabilidad Penal Juvenil, sin bajar la edad de imputabilidad y con las mismas garantías que tiene un mayor en un proceso.

El FORO coincide con las propuestas de la Convención, superadoras de los viejos pero aun anquilosados paradigmas de la "situación irregular". La propuesta es valorar el estatus de niños y adolescentes como "sujetos de derechos", desterrando aquella noción de "menor", "infante" que sólo focalizan la mirada sobre las faltas de edad y de voz respectivamente. Y también poner en cuestión las concepciones de "jurídicamente incapaz", "incompetente", "discernimiento de los actos punibles".

Sabemos como agentes sociales, tanto del estudio como desde la experiencia laboral, que la privación y deprivación, en cualquiera de sus formas , son ruinosas para cualquier chico y tanto más para un niño. En muchísimos casos estas privaciones, ya sea de su libertad, nutrición y afecto, tienen consecuencias irreversibles a lo que debemos sumar el desmembramiento de las redes de contención con que contaba el Estado. Es justamente esto lo que ha provocado la situación social actual: exclusión de grandes conglomerados de familias y grupos, pobreza extrema, mortalidad infantil por causas previsibles, deserción escolar, marginación laboral, distribución de bienes y servicios de manera vergonzosa,

La sociedad íntegra, pero sobre todo con una fuerte intervención del Estado, debería comenzar a proteger a nuestra niñez y adolescencia para no caer en la aberración que en un futuro se tengan que adoptar las medidas actuales de tener que protegerse de ella.

Si una sociedad es capaz de conseguir el respeto de todos los Derechos Humanos, principalmente de los más violentados (niños, ancianos y pobres) puede lograr la integración y no necesitará de políticas represivas.

FORO Intersectorial Permanente de la

Niñez, Adolescencia, Familia y sus

Condiciones de Vida.

(Córdoba. Junio de 2004)

mail: foroninezcba@argetina.com